7 Creemos que los gobernantes, estados y gobiernos tienen el derecho y la obligación de instituir leyes para la protección de todo ciudadano en el libre ejercicio de su creencia religiosa; pero no creemos que tengan el derecho, en justicia, de privar a los ciudadanos de este privilegio, ni proscribirlos por sus opiniones, en tanto que se manifieste consideración y reverencia para con las leyes, y tales opiniones religiosas no justifiquen la sedición ni la conspiración.